Marzo ser\u00e1 un mes clave para definir el futuro del apedreado Sistema Interamericano de Derechos Humanos.<\/p>\n
El 22 de marzo es la fecha l\u00edmite para que los miembros de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA) presenten propuestas de reforma a este sistema de justicia internacional que naci\u00f3 en 1948 con el fin de promover y proteger garant\u00edas fundamentales establecidas en la Declaraci\u00f3n Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos. <\/p>\n <\/span>Dos \u00f3rganos aut\u00f3nomos lo conforman: la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos<\/a>, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/a>, con sede en San Jos\u00e9. <\/p>\n <\/span>Su principal funci\u00f3n es fiscalizar el cumplimiento de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969. <\/p>\n <\/span>El gobierno de Ecuador dio el puntapi\u00e9 inicial, y adem\u00e1s lidera un esfuerzo para crear un sistema de justicia paralelo, en el marco de la Uni\u00f3n de Naciones Suramericanas<\/a> (Unasur), que sin embargo hasta ahora no se ha concretado. <\/p>\n <\/span>Venezuela, por su parte, denunci\u00f3<\/a> la Convenci\u00f3n Americana en septiembre de 2012. <\/p>\n <\/span>El debate se lanz\u00f3 en junio de 2011 con la creaci\u00f3n de un grupo de trabajo en el seno de la OEA. Desde entonces, se llevan a cabo foros, audiencias p\u00fablicas y consultas electr\u00f3nicas para estudiar distintas recomendaciones. <\/p>\n <\/span>Se destacan las propuestas de restringir el poder de la Comisi\u00f3n de adoptar medidas cautelares, suprimir el an\u00e1lisis detenido de pa\u00edses con violaciones masivas y limitar las facultades de relator\u00edas especiales, como la de Libertad de Expresi\u00f3n<\/a>. <\/p>\n <\/span>La Comisi\u00f3n tiene facultades pol\u00edticas \u2013realizar visitas espec\u00edficas<\/a> y emitir recomendaciones e informes\u2013 y cuasi judiciales: recibir denuncias de particulares u organizaciones, determinar si son admisibles, solicitar a los Estados medidas cautelares y elevar casos a la Corte. <\/p>\n <\/span>Esta tiene funciones contenciosas, consultivas y de adopci\u00f3n de medidas provisionales. Sus fallos son definitivos e inapelables. <\/p>\n <\/span>Las relaciones de Brasil con la Comisi\u00f3n se resintieron cuando esta solicit\u00f3 en abril de 2011 que “suspendiera de inmediato<\/a>” en forma cautelar la licencia al proyecto hidroel\u00e9ctrico de Belo Monte, sobre el amaz\u00f3nico r\u00edo Xing\u00fa, para proteger la salud de las comunidades ind\u00edgenas afectadas por la obra. <\/p>\n <\/span>El gobierno de Brasil rechaz\u00f3 el pedido. Pero la posici\u00f3n brasile\u00f1a fue malinterpretada, seg\u00fan la Divisi\u00f3n de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que design\u00f3 a uno de sus representantes para contestar a IPS, solicitando no se lo identificase. <\/p>\n <\/span>Brasil ya estaba cumpliendo las exigencias de la Comisi\u00f3n a partir de demandas de \u00f3rganos de fiscalizaci\u00f3n nacionales, y su apoyo a la reforma no se desencaden\u00f3 por ese dictamen, manifest\u00f3 la fuente diplom\u00e1tica. <\/p>\n <\/span>Lo cierto es que Brasilia retir\u00f3 a su embajador ante la OEA y a su candidato a integrar el \u00f3rgano colegiado que dirige la Comisi\u00f3n. En marzo concluye el plazo para que los pa\u00edses presenten postulantes y, seg\u00fan la Divisi\u00f3n de Derechos Humanos de la canciller\u00eda, hasta mediados de este mes no hab\u00eda una decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n <\/span>“Las propuestas de reformas se presentan justo cuando la Comisi\u00f3n y la Corte est\u00e1n cumpliendo las obligaciones pactadas en la Convenci\u00f3n”, critic\u00f3 el activista Jair Krischke, presidente del no gubernamental Movimiento de Justicia y Derechos Humanos<\/a>, con sede en esta sure\u00f1a ciudad de Porto Alegre, que adquiri\u00f3 notoriedad por haber contribuido a revelar el Plan C\u00f3ndor, una coordinaci\u00f3n represiva de los reg\u00edmenes militares de Am\u00e9rica del Sur. <\/p>\n <\/span>Para Krischke, la postura brasile\u00f1a no solo obedece a Belo Monte, sino a una sentencia de la Corte, que orden\u00f3 en 2010 entregar los restos de los desaparecidos en la represi\u00f3n militar a la Guerrilla de Araguaia, entre 1972 y 1975, y a reparar los da\u00f1os a las familias de las v\u00edctimas. <\/p>\n <\/span>El gobierno sostiene que ya efectu\u00f3 reparaciones, pero no de los da\u00f1os morales, como manda la Corte, enfatiz\u00f3 Krischke a IPS. <\/p>\n <\/span>“En Uruguay (ante otra condena similar) el gobierno celebr\u00f3 una ceremonia en el parlamento, con presencia del presidente de la Rep\u00fablica y pidi\u00f3 perd\u00f3n por sus desaparecidos. En Brasil, ni siquiera se public\u00f3 la sentencia<\/a> de la Corte”, compar\u00f3. <\/p>\n <\/span>La insatisfacci\u00f3n de los gobiernos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es incomprensible, apunt\u00f3 la profesora asociada Deisy de Freitas Lima Ventura, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de S\u00e3o Paulo. <\/p>\n <\/span>“Cuando un Estado soberano hace parte de un sistema regional es justamente para o\u00edr cr\u00edticas y recibir recomendaciones o una condena”, dijo a IPS. <\/p>\n