En Carrasco viven cerca de 50 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. En la calle Sanlúcar hay una residencia que llama muy poco la atención si se la compara con sus lujosas vecinas. No hay casillas de seguridad, no hay ninguna placa identificatoria, ninguna bandera y no tiene las enormes dimensiones de la residencia de los funcionarios diplomáticos de Argentina, ubicada en la misma cuadra. En lugar de un feroz rottweiler, la custodia un boxer marrón y blanco que ni siquiera se ensaña demasiado en sus ladridos. Una mujer de 50 años atiende la puerta y se excusa: no habla español. Confirma que allí viven diplomáticos estadou
nidenses, pero evita responder más preguntas y sugiere dirigir las consultas a la Embajada de Estados Unidos. En la calle paralela, Puntas de Santiago, hay otra residencia de diplomáticos de ese país.
El sueño del patrullero propio
Esta semana, el ex diputado colorado Roberto Yavarone entregó una carta al Ministerio del Interior en la que ofrecía, en nombre de otros vecinos de Carrasco y Pocitos, tres patrulleros a la Policía, según informó el miércoles El Observador. Eso sí, ponían una condición: que uno de ellos fuera destinado a Carrasco, el otro a Pocitos y el tercero a “una zona marcada por el delito que las autoridades elijan”. Esto motivó la queja del diputado nacionalista Pablo Iturralde (Alianza Nacional). “¿Vamos a permitir que la vigilancia y seguridad se dé dependiendo de los ingresos de quienes habiten determinadas zonas? ¿O vamos a medir cuántas patrullas cumplirán servicio en una zona según cuántos empresarios o diplomáticos la habiten?”, cuestionó.
El episodio que involucró al presidente de la Juventud del Partido Nacional, Gonzalo Baroni, sucedió ocho cuadras al noroeste. La semana pasada, dos camionetas de la embajada de Estados Unidos lo interceptaron y una persona vestida de particular, que se identificó como policía, le pidió documentación. Alegó estar al servicio de la embajada. El Ministerio del Interior ya instruyó una investigación administrativa para aclarar los hechos, según confirmó la diaria.
Los policías de la Seccional 14ª aseguran que no están al tanto de las acciones del personal de seguridad de la embajada y que no coordinan nada con ellos. Sí tienen conocimiento de que sus camionetas realizan recorridos, fundamentalmente entre las distintas residencias de los funcionarios. “A veces nos cruzamos y nos saludamos, pero nada más”, comentó un efectivo.
“Todas las embajadas tienen servicio de seguridad propio”, explicó a la diaria una fuente del Ministerio del Interior. Además, Estados Unidos tiene un Servicio de Seguridad Diplomática que tiene agentes en embajadas y consulados. En Uruguay existe una unidad dentro de la Policía que se encarga de dar protección especial a los funcionarios diplomáticos, pero, según señaló la fuente del ministerio, “es una unidad pequeña y no se cuenta con un policía para cada embajada y consulado”.
La Embajada de Estados Unidos cuenta con una empresa de seguridad propia, creada especialmente a tales efectos. Esta empresa contrata además el servicio 222 para la seguridad del local de la embajada y de sus funcionarios. El reglamento del servicio 222 establece que éste podrá utilizarse para la “seguridad, vigilancia especial y custodia de personas, bienes y valores”.
Ese día que le pidieron documentos a Baroni, había sucedido un “hecho delictivo o por lo menos irregular” en una de las residencias, dijo a la diaria la fuente del ministerio. Un policía “es policía las 24 horas” y, por tanto, está habilitado a pedir documentación, aunque trabaje al servicio de la Embajada de Estados Unidos, sostuvo la fuente, quien, por otra parte, afirmó que no es irregular que ese servicio 222 realice “recorridos” por la zona.
La Institución Nacional de Derechos Humanos actuará de oficio en este tema, aseguró a la diaria uno de sus integrantes, Juan Faroppa, quien además se desempeñó como subsecretario del Ministerio del Interior durante el gobierno de Tabaré Vázquez. “El consejo directivo tiene el tema en carpeta, le preocupa, lo va a tratar. Se va a tomar posición de oficio porque es un tema complicado que merece ser analizado, no sólo este caso puntual sino otros”, afirmó Faroppa.
La patrulla de Carrasco
Secuelas de la vigilancia policial de la embajada de Estados Unidos
La actuación de dos policías en vehículos de la embajada de Estados Unidos disparó otra polémica sobre la seguridad pública. Políticos y juristas hablan de “excesos”, “irregularidades” y “desprolijidades”, mientras la respuesta oficial es cauta y medida. La posible actuación de oficio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (indh) deja entrever que no se trata sólo de una cuestión de soberanía sino también de derechos y garantías individuales.
Si dos policías estadounidenses –sin uniforme– se subieran a una camioneta de la embajada de Uruguay en Washington para buscar a un sospechoso estadounidense, detenerlo en la vía pública y pedirle su documentación, el asunto sería tildado de escandaloso. Y si a falta de una inmediata respuesta oficial, el embajador Carlos Pita declarara a la cnn que esa práctica es común desde hace 30 años, no faltaría quien lo calificara de un exabrupto.
En esos extremos irónicos lo plantearon los juristas consultados por Brecha para dimensionar la complejidad de lo sucedido la semana pasada en Carrasco. No porque fuera Estados Unidos –dicen–, sino porque se trató de un “patrullaje” ilegal de la Policía uruguaya realizado en un vehículo diplomático y con extranjeros. El Estado –entienden– tiene la obligación de investigar y evitar que vuelva a ocurrir, pero además debe asegurar las garantías individuales de sus ciudadanos.
La polémica se desató cuando un joven dirigente del Partido Nacional, Gonzalo Baroni, fue abordado por policías uruguayos que viajaban en dos camionetas negras con vidrios polarizados de la embajada de Estados Unidos. Sin mediar presentación, un particular le solicitó la documentación. Ante la insistencia del joven por saber quiénes eran, el policía se identificó y dijo estar trabajando para la embajada. Los uniformados estadounidenses, que conducían las camionetas, se bajaron al advertir que el procedimiento tardaba, pero nunca intervinieron, relató Baroni a Brecha.
El comisario de la Seccional 14 le explicaría más tarde que los agentes extranjeros estaban para “ayudar” a la Policía. Antes, el joven había llamado al 911, pero ni la operadora ni el supervisor pudieron explicar el “operativo” al que se refirió el policía que le exigió la cédula de identidad. Tampoco lo pudo hacer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ni el jefe de Policía interino de Montevideo, según dijo a este semanario el diputado nacionalista Pablo Iturralde cuando los consultó. “Prefiero que patrullen los militares a que lo hagan policías en camionetas diplomáticas extranjeras”, confesó el legislador.
El martes los diputados frenteamplistas Carlos Coitiño y Luis Puig (pvp) se reunieron con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, para conocer los detalles del “operativo”. Coitiño explicó a Brecha que Vázquez reconoció que hubo un “exceso” de la Policía y que negó que haya sido un “patrullaje conjunto” de los agentes y la embajada. Los diputados consideraron “ilegal” que bajo las órdenes de una empresa de seguridad o de funcionarios de la embajada, los policías pidiesen documentos. Porque lo correcto hubiera sido que se solicitaran apoyo a la Jefatura de Policía. Sin embargo, esa misma tarde Vázquez afirmó a El Observador que “no hubo irregularidad” y que el procedimiento fue “correcto”. En el diálogo que mantuvo al día siguiente con Brecha admitió solamente algunas “dudas” (véase entrevista).
Es que la versión oficial, en procura de bajar los decibeles y disimular las eventuales irregularidades, repite que alguien tocó timbre con insistencia en la residencia de un diplomático estadounidense, que acabó llamando a la empresa de seguridad. Y fue “sólo eso” lo que motivó que agentes estadounidenses y policías locales recorrieran juntos el barrio en procura del autor del “ring-raje”.
IRREGULARIDADES. Los extranjeros no pueden patrullar la ciudad. Parecería obvio. Pero tampoco lo pueden hacer los policías en servicio 222. Es que son contratados para vigilar un territorio específico (incluso quienes custodian valores no pueden apartarse de la vigilancia del camión). En cualquier caso no pueden patrullar ni pedir documentos, confirmó a Brecha el abogado Martín Fernández, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). “Tampoco pueden detener a personas ni realizar averiguaciones en una camioneta diplomática. Eso no tiene ningún sustento legal”, enfatizó.
No obstante, jerarcas policiales y el propio Vázquez suscribieron el argumento de que un policía está en servicio permanente las 24 horas. Pero aun así los juristas sostienen que los policías en servicio 222 están limitados a la función para la cual fueron contratados, y pueden actuar diferente sólo en casos extremos. “No pueden jugar a la patrulla ni detener a nadie. Lo de Carrasco fue patrullaje: no sucedió en la puerta de la embajada. A lo sumo un 222 puede llamar a un patrullero”, explicó el penalista Juan Fagúndez.
También técnicos que forman parte del equipo del mi concuerdan con esta visión. En diálogo con Brecha, un abogado de esa cartera confirmó que el 222 no puede hacer procedimientos ni recorrer el barrio. “Y mucho menos un particular puede resolver que ese policía realice una función diferente a la contratada”, aclaró. Sería igual a que el gerente de un supermercado ordenara a los policías que salieran en las camionetas de la empresa a buscar sospechosos por el barrio. A la vez, habría sido irregular que los policías no estuvieran uniformados, ya que la autoridad de fiscalización del servicio debe “controlar el uniforme” de los agentes, según el artículo 35 del reglamento del 222. Además se cuestiona que si el objetivo del gobierno es reducir progresivamente el servicio 222 –algo consensuado en los acuerdos interpartidarios de seguridad de 2010–, debería tender a que los particulares contraten funcionarios de la seguridad privada para que el 222 se destine sólo a dependencias estatales (liceos, bancos, empresas públicas, etcétera).
Pero sin perjuicio de que este tipo de prácticas lesionarían la soberanía y configurarían una situación “desprolija”, “excesiva” e “irregular” –adjetivos en los que coincidieron los políticos y juristas consultados–, hay otro motivo de preocupación: las garantías individuales. La población debe saber con quién está tratando. El vehículo en el cual circula un policía debe estar identificado o debe pertenecer al Estado uruguayo. Esas son, según los juristas, algunas garantías mínimas de un Estado democrático. Es ilegal, por tanto, que un vehículo diplomático recorra la ciudad –“así sea media cuadra”– y realice averiguaciones con policías uruguayos.
“Nunca reconocieron que fue un exceso, dieron a entender que era una exageración mía”, lamentó Baroni a Brecha, y explicó que extraoficialmente le explicaron que el policía debió identificarse antes de solicitar documentos. Es que los expertos también advierten que no se puede pedir documentación por cualquier motivo. Corresponde sólo si la Policía, buscando a un sospechoso requerido por la justicia o fugado, tiene elementos de juicio para “solicitar la identificación correspondiente a personas que razonablemente puedan coincidir con la requerida”, según reza el artículo 43 de la ley de procedimiento policial de 2008. Incluso en su momento el Ielsur criticó ese artículo porque reflotaba con rango de ley la detención de sospechosos prevista en el decreto 690/80 de la dictadura, además de señalar que la ley rebajaba derechos y garantías individuales al hacer primar la acción policial sobre el control judicial.
PROTOCOLO. “Tiene que haber un protocolo de actuación policial para definir qué puede y qué no puede hacer un servicio de seguridad privado”, argumentó Coitiño a Brecha, en referencia a dar más garantías a la ciudadanía. No obstante, Fernández, del Ielsur entiende que un protocolo “desvía la atención”, porque tanto el reglamento del 222 como la ley de actuación policial son suficientes como marco jurídico.
Iturralde, por su parte, calificó de “mamarracho” la propuesta de un protocolo y apuntó a una solución legislativa. Entiende que lo que no está prohibido no implica que esté habilitado. “Si no está en una norma que el 222 no puede patrullar, y menos con funcionarios extranjeros, no significa que esté permitido. Es al revés: lo único autorizado es lo permitido”, enfatizó. No obstante, hay asesores del mi que sí creen que hay un “vacío normativo con el 222 y con la seguridad privada que habría que reglamentar”.
Por otro lado, la Jefatura de Policía de Montevideo está a cargo de la seguridad de las embajadas a través de la Sección para la Seguridad Diplomática. El asunto es que para reforzar su vigilancia la embajada de Estados Unidos contrata además a una de las 456 empresas de seguridad privadas que existen en el país. Y a su vez, esa empresa no acude sólo a los 21.732 prestadores de seguridad privada que hay registrados, sino que desde 1990 contrata también policías del servicio 222, lo que a juicio de algunos juristas debería evitarse.
El tema de fondo, dicen los expertos, es que en un Estado serio y democrático la ciudadanía tiene derecho a identificar claramente los recursos estatales destinados a la seguridad pública (personal y vehículos), así como saber en qué casos un policía puede requerirle documentación o detenerlo. Si un agente se baja de un vehículo diplomático, no parece estar colaborando. Ni el Estado parece estar siendo serio.
Con la embajadora de Estados Unidos
Patrullaje rutinario en vehículos diplomáticos
Julissa Reynoso, embajadora de Estados Unidos, explicó a Brecha que el patrullaje que realizan en vehículos diplomáticos “lo hemos hecho como rutina desde hace muchísimo tiempo. La manera en que funciona es que policías uruguayos están dentro de los vehículos y la persona que maneja está contratada para apoyar a esos policías. Pero quienes manejan la gestión, de parar personas o cuestionar, son los policías”. Respecto a la polémica, destacó: “Hay mucha falta de información de personas que no entienden la lógica de la norma internacional de la diplomacia. Las embajadas tienen que proteger a los diplomáticos y darles la seguridad mínima para vivir en un país extranjero. Esto no es extraordinario ni irregular (…). Si el gobierno determina que no es beneficiosa esa norma (la del servicio 222), respetamos la decisión y seguiremos cualquier otra que para ellos sea lógica y razonable. No voy a entrar en discusión con el gobierno sobre lo que tiene que hacer”.
Posible actuación de la INDH
Una cuestión de derechos
La Institución Nacional de Derechos Humanos (indh) analiza actuar de oficio y formular recomendaciones al Estado –según supo Brecha–, dada la “preocupación” que existe entre sus integrantes de estar contraviniendo normas nacionales e internacionales, en desmedro de las garantías ciudadanas. Entre sus integrantes está el ex subsecretario del Interior y abogado Juan Faroppa, la experta en derechos humanos Ariela Peralta, el ex senador Juan Raúl Ferreira, la abogada Mariana González Guyer y la ex fiscal Mirtha Guianze. La indh intervino de oficio en las declaraciones homofóbicas de Mercedes Rovira y en la agresión racista a Tania Ramírez.
Con Jorge Vázquez, subsecretario del Interior
“Quizás haya zonas grises a corregir”
—¿El procedimiento fue irregular?
—La embajada contrata a una empresa de seguridad que vigila sus residencias, locales y funcionarios. En las recorridas participan funcionarios de la empresa y policías en régimen de 222. Un miembro de la embajada llamó a la empresa porque alguien tocaba el timbre de su casa con insistencia. Un vehículo de la empresa concurrió a ver qué pasaba, otro recorrió la manzana. Encuentran a dos personas en situación de calle que no estaban haciendo nada y más adelante a Baroni, a quien le piden documentos. Eso es todo lo que pasó.
—¿Y eso es correcto?
—Hasta donde yo sé lo único que podría generar dudas es que el 222 pida documentación. Digo dudas porque un policía lo es las 24 horas. Frente a una situación irregular podría solicitar documentación y si es necesario apoyo a la Policía. Se ve que el agente percibió algo y por eso pidió la documentación.
—Algunos juristas sostienen que el 222 no puede ser ambulante ni pedir documentación.
—Hay distintos tipos de servicio 222. Hay que ver para qué función concreta fue contratado. Si la contratación es en forma genérica quizás haya dado margen para que algunos interpreten que es irregular, por eso vamos a estudiarlo.
—Si de un vehículo de una empresa privada se bajan policías de particular y piden documentos, ¿los ciudadanos debemos asumir que es correcto?
—Los que hacen procedimientos no son los vehículos sino los policías, que se tienen que identificar. El funcionario se identificó correctamente. Y podría pedir la documentación independientemente del vehículo del que se baje, ya que tiene la obligación de actuar. Nunca nos había pasado que un ciudadano se quejase de que un policía de particular le pidiera el documento. Muchos agentes de particular lo hacen: los de investigación, inteligencia o crimen organizado. Por eso tenemos que definir bien cuál es la situación irregular o marcar mejor los límites.
—¿Se está pensando en un protocolo de actuación policial para las embajadas?
—Desde 2005 estamos trabajando con normas, procedimientos y protocolos de actuación que antes no existían. Quizás porque las cosas venían así desde la dictadura y los gobiernos posteriores no le dieron importancia. Debemos repasar los protocolos y ver aquellos que dejan dudas. Por ejemplo, el transporte de valores. A veces lo hacen empresas privadas con apoyo de policías. Ahí hay menos dudas de cuál es la función específica: la custodia del valor. Nada más. Ahora, si a 20 metros se produce un hecho delictivo, ¿qué deberían hacer?
—Pero en Carrasco, ¿no hubo de hecho un patrullaje irregular?
—Los servicios 222 no hacen patrullaje. Tienen un sistema que los hace ir por las residencias de los funcionarios o dependencias de la embajada a controlar los lugares específicos. Quizás esa sea una de las cosas que hay que protocolizar, para no dejarlo al libre criterio de cada policía. Hay que ver el marco jurídico y lo que haya que ajustar. A veces nos permite establecer normas y criterios. Otras veces no. Pero no lo podemos decir a priori.
—¿Se inició una investigación administrativa?
—Sí, es algo que estamos viendo. Pero para ver cuáles son las carencias. No implica que estemos aceptando de antemano culpas o errores. Quizás haya que corregir el procedimiento.
—¿Qué sanciones se pueden aplicar?
—Depende del tipo de irregularidad, si está protocolizado, si se incumplió una normativa y quién la incumplió. Quizás haya zonas grises a corregir y no podamos saber si alguien incumplió o no. La idea es mejorar el servicio, aun si llegamos a la conclusión de que está todo bien.
—La embajadora de Estados Unidos dijo que hace más de 30 años que tienen ese tipo de servicio.
—No sé cómo lo dijo ni en qué contexto. No hay cooperación en vigilancia ni en procedimientos policiales porque eso es tarea exclusiva de la Policía. Hay cooperación con la embajada en capacitación policial, sobre lavado de dinero, narcotráfico o equipamiento. Pero también con otros países.
Nuevo conflicto en el gas por tercerizaciones
Montevideogas
El sindicato del gas, se declaró en conflicto, sin realización de horas extras y con un paro para el miércoles 30 de enero además de paros sorpresivos, en rechazo a la intención de tercerizar servicios y recortar la plantilla por parte de MontevideoGas.
Hoy jueves el sindicato del gas realizará una asamblea general para evaluar posibles nuevas medidas de lucha, al concluir el plazo en que esperaban una convocatoria a una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El sindicato denuncia que Petrobrás, propietaria de MontevideoGas, propone tercerizar la atención telefónica de emergencias, reducir los puestos de trabajo y cambiar los horarios de trabajo. Señalan además que la empresa se niega a cumplir con el convenio de 2007 respecto a la cobertura de puestos de trabajos en el tomaconsumo. Debido a esto, el sindicato denuncia que unos 5.000 hogares reciben facturas con un estimado del consumo.
El gremio destaca que han presentado propuestas para mejorar los servicios sin resultado, y advierten que el ex presidente de Petrobrás, en una visita a Montevideo, dijo que MontevideoGas podría funcionar con 50 empleados, en lugar de los 200 actuales.
Los trabajadores solicitan además que el director Nacional de Trabajo convoque a una reunión grave y urgente para plantear soluciones al conflicto en MontevideoGas. Además se plantea informar al Secretariado del PIT-CNT de la situación y reclamar su apoyo en el conflicto.
Petrobrás, propietaria de MontevideoGas, está en negociaciones con Ancap, para la venta de la mitad de las acciones de la compañía. En una negociación que lleva casi dos años y que podría concluirse en febrero.
Piden revocar la autorización para puente en Garzón
Vecinos dispuestos a financiar un nuevo sistema de balsas
Vecinos y organizaciones de José Ignacio y Laguna Garzón enviaron una solicitada al ministro de Vivienda y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, para pedir que se retire la autorización ambiental previa otorgada para la construcción del puente en la ruta 10, en el límite entre Maldonado y Rocha. El reclamo se basa en señalar que el proyecto de puente para la laguna Garzón, diseñado por el arquitecto Rafael Viñoly, no siguió los pasos correspondientes.
La misiva cuestiona que se haya convocado una instancia participativa con sólo tres días de anticipación (del 24 al 27 de diciembre) y se rechaza como tema “central” que “se autorice una obra de infraestructura distinta a la presentada y estudiada en el expediente”. La carta señala que en las audiencias públicas se había hablado de un puente recto y que, sin embargo, la autorización ambiental se le otorga “en el mismo expediente y como si se tratase del mismo proyecto” a una “superestructura de hormigón armado” y de forma circular, que es el proyecto de Viñoly.
En ese marco, se afirma que esa obra agrava las objeciones planteadas por el otro proyecto, que son el impacto visual y las “múltiples recomendaciones” que hicieron instituciones tales como la Facultad de Arquitectura o la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. “No debe permitirse que la presión de intereses individuales dejen de lado el interés de la comunidad”, afirman. Cabe recordar que uno de los principales interesados en que el puente se concrete es el empresario argentino Eduardo Costantini, que tiene un proyecto inmobiliario que supone una inversión de varios millones de dólares del otro lado de la laguna, en Rocha. Costantini, incluso, se comprometió a financiar casi la mitad del costo que supondría el puente diseñado por el arquitecto Viñoly, aportando unos US$ 2 millones.
PROPUESTA. La carta que los vecinos enviaron al ministro Beltrame termina solicitando que se deje sin efecto la autorización ambiental otorgada “por no corresponder la misma con el objeto del expediente toda vez que no hay identidad entre el proyecto aprobado -puente circular- y el que fuera puesto de manifiesto y sometido a audiencia pública -puente lineal-. Luego, se pide que se someta el nuevo proyecto de puente circular al proceso de evaluación de impacto ambiental previsto en la ley, con su correspondiente puesta de manifiesto y llamado a audiencia.
Además, el último punto de la carta deja constancia que “las entidades firmantes” se comprometen a presentar un “proyecto ejecutivo que implique la donación al Estado uruguayo de un sistema de balsas dotado de un equipamiento eléctrico seguro y eficiente, acompañando un estudio de factibilidad para que su manejo y mantenimiento sean autosustentables, con un horario amplio, financiados por el sector turístico que se beneficie con su operación”.
El País Digital