Por Diego Kenis I El sacerdote de la Iglesia católica y ex capellán del Ejército Argentino Aldo Omar Vara es buscado en todo el mundo por Interpol para ser puesto a disposición de la Justicia argentina, luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca diera lugar a una apelación presentada por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que investigan la participación del cura en delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura bajo control operacional del V Cuerpo de Ejército.
Resguardado en destinos no precisados por la propia Iglesia católica luego de que su actuación durante el terrorismo de Estado tomó estado público en el Juicio por la Verdad de 1999, Vara se desempeñó hasta 1979 como capellán del Ejército en el Comando del V Cuerpo y en el Batallón de Comunicaciones 181, y fue mencionado una y otra vez por víctimas que prestaron declaración testimonial en el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo, que pudo desarrollarse luego de la caída de las leyes de impunidad y concluyó en Bahía Blanca en septiembre de 2012. El fallo del Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava incluyó el señalamiento de las responsabilidades del sacerdote en el plan criminal y la remisión de copias de los testimonios al Juzgado Federal que el año pasado quedó a cargo del subrogante Santiago Martínez.
Martínez delegó la investigación en la Unidad Fiscal que dirigen Nebbia y Palazzani, quienes luego de investigar el caso solicitaron la detención e indagatoria del cura. El juez denegó el pedido mediante una resolución de sólo dos carillas, cuyo texto argumentativo se resumía en realidad en dos párrafos, obstruyendo de ese modo la función investigativa que él mismo delegó en los fiscales el 28 de diciembre del año pasado. La resolución colocó a Martínez en un rol que la Cámara Nacional de Casación Penal sólo reserva a los abogados defensores de las partes, únicos autorizados “a oponerse a un pedido del representante de la vindicta pública”, pero nunca a un juez que debe ser imparcial.
La apelación de la fiscalía ante la Cámara Federal fue respondida afirmativamente por el tribunal, que revocó la decisión de primera instancia y canalizó a través del Juzgado la determinación de solicitar la captura internacional del cura, que lleva la firma del subrogante Álvaro Coleffi.
La determinación judicial oficia como positivo precedente ante la espera de una resolución de la misma Cámara por el pedido de detención e indagatoria contra el empresario Vicente Massot,también acusado de participar en el plan criminal de la dictadura desde su rol directivo en el diarioLa Nueva Provincia. Massot fue beneficiado por el juez Martínez en primera instancia, pese a que el magistrado también había delegado la investigación en la fiscalía. Al igual que en el caso de Vara, los fiscales se abocaron a la tarea y, una vez concluida la etapa de estudio de pruebas, solicitaron la indagatoria del empresario. Con su negativa, Martínez obstruyó la continuidad de la investigación. Los fiscales elevaron su apelación ante la Cámara, de la que se aguarda una resolución.
Cigarrillos y galletitas
El pedido de la fiscalía para detener e indagar a Aldo Vara se basó en la abundante cantidad de testimonios que refieren el contacto que tenía con personas secuestradas en dependencias del V Cuerpo. Las más concluyentes son las referencias del caso de los entonces estudiantes secundarios de la Escuela Nacional de Educación Técnica 1 (ENET) de Bahía Blanca, que permanecieron primero en el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita” y luego de un simulacro de liberación fueron reconducidos a instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181, hasta donde se acercaba para tomar contacto con ellos el cura Vara, vestido “con sotana, o con pantalón y el cuello blanco de los sacerdotes”.
Los testimonios indican, además, que durante las visitas Vara interrogó a los estudiantes clandestinamente detenidos, les dio “algunos consejos” y llegó a llevarles cigarrillos o galletitas, configurándose de este modo en “el bueno” del juego de roles del interrogador malo y el interrogador bueno que señaló el fallo por el cual se condenó al también capellán Christian Von Wernich, de similar desempeño. Sin embargo, su grado de bondad real era bien relativo: Gustavo López, secuestrado en el predio del V Cuerpo, pidió al sacerdote que avisara a sus padres dónde se encontraba, pero tal como indicó ante el TOF bahiense su madre, María Gallardo Lozano, “ese ruego nunca llegó”. Durante su declaración testimonial de 1999 en el Juicio por la Verdad abierto en Bahía Blanca ante la obstrucción que las leyes de impunidad producían en las investigaciones penales, el cura admitió haber tenido contacto con los estudiantes secuestrados, que le mostraron las secuelas de las torturas padecidas, aunque dijo no recordar el pedido de comunicación con sus padres. Tampoco consideró objetable su comportamiento ante personas torturadas, pese a que el entonces fiscal Hugo Cañón le recordó que el cristianismo considera a los cuerpos de las personas “templos vivientes”. “Si en la Argentina hemos tenido excomuniones por violaciones a templos materiales, yo pregunto qué se debe hacer cuando hay violaciones a templos vivos como son un hombre o una mujer”, dijo Cañón. El cura no respondió.
Otro ejemplo del comportamiento de Vara se desprende a partir del caso de Patricia Chabat, secuestrada y detenida clandestinamente en “La Escuelita” y posteriormente trasladada a la Unidad Penal 4 de Villa Floresta. Chabat conocía a Vara desde su paso por el colegio secundario, por lo que no dudó en identificarlo como el sacerdote que la entrevistó apenas llegó a la UP4 y le aconsejó “olvidarse de todo lo que había ocurrido en ‘La Escuelita’, pues era responsabilidad de sus padres”, lo que prueba que el capellán estaba perfectamente al tanto de lo que sucedía en el CCD.
Capitán Vara
Los fiscales Palazzani y Nebbia consideran a Vara como “un engranaje importante en el andamiaje de la tecnología del terror en la Subzona 51, por la propia condición de religioso y lo que ello implicaba en el imaginario de los represores y víctimas”, a lo que se añade “la utilización de su investidura religiosa a favor de los designios del plan y de los suyos propios” a partir de su “presencia permanente” en los CCD. La misma oficina del entonces capellán estaba ubicada en la planta baja del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varias de las víctimas del accionar represivo del Ejército. Es por ello que los fiscales decidieron imputar al sacerdote responsabilidad en la totalidad de los hechos ocurridos en el ámbito del V Cuerpo entre 1976 y 1979, cuando dimitió a su función. La nómina incluye privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios, desapariciones y la apropiación de dos criaturas.
Las normativas castrenses vigentes por entonces, inscriptas en el marco de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, tipificaban perfectamente el rol de cada engranaje de la represión clandestina. La presencia y actuación de los capellanes en el marco de un “combate” como el que se utilizaba para enmascarar el terrorismo de Estado estaban reguladas desde 1968, cuando el dictador Alejandro Lanusse dictó el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército, cuyo artículo 3013 enumera entre las “responsabilidades del capellán” la de evaluar qué impacto o motivaciones tiene la religión dentro de “la zona de interés”. Es decir, de qué modo puede usarse la sotana para arrancar información a los detenidos en un CCD como aquellos que Vara visitaba.
El compromiso del cura con su función puede leerse incluso en uno de los párrafos de su nota de dimisión de 1979, dirigida al Jefe del Batallón en que revistaba. Allí, le agradece por permitirle el “honor (de) haber podido comprometer mi vida y arriesgarla, durante estos largos años de iniquidad y salvajismo. Fue un honor brindar mi aporte sacerdotal a una empresa tan difícil”.
Violador serial de mandamientos
Luego de su paso por el Ejército y tras la vuelta de la democracia, Vara se recicló como párroco del barrio de Villa Rosas pero concentró la atención de la prensa nacional en 1998, cuando durante un acto conmemorativo de la guerra de Malvinas propuso colgar en la Plaza de Mayo al ex canciller Dante Caputo. La conmemoración había sido organizada por la Comisión de Reafirmación Histórica, que supo contar en sus filas con el carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro. Allí, Vara trazó una comparación entre la guerra de 1982, sanguinaria aventura de la última dictadura, y el plebiscitado acuerdo con Chile por la disputa por el canal del Beagle, concluyendo que “habría que haber colgado de la Pirámide de Mayo al canciller de entonces” por su “desidia e incapacidad”.
Un año más tarde se produjo su declaración testimonial en el Juicio por la Verdad que se abrió en Bahía Blanca ante la imposibilidad de avanzar en juicios penales contra los responsables del terrorismo de Estado. En esa oportunidad, Vara elogió al represor Jorge Mansueto Swendsen, condenado el año pasado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, y mintió al negar el rango de capitán que le confirió el Ejército durante su paso por el Batallón en que ofició como capellán. Como las leyes de impunidad bloqueaban en 1999 el camino de justicia por los crímenes perpetrados durante la dictadura, Vara se fue del recinto con la misma libertad con que había llegado, en compañía de libros del dogma católico que tiene entre sus principales mandamientos los de no mentir y no matar.
La sumatoria de hechos determinó que el cura fuera trasladado por la jerarquía eclesiástica a destinos no precisados. La última noticia que sobre su paradero se tiene refiere que salió del país en 2011. Ese año comenzó en Bahía Blanca el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo. En el banquillo se encontraba, entre otros dieciséis genocidas, Mansueto Swendsen, a quien Vara había definido como “un gran hombre, gran jefe, un hombre muy equilibrado y gran persona”. En la sentencia que el Tribunal que llevó a cabo el juicio dictó un año más tarde, los jueces escribieron que el accionar de Vara durante la dictadura resultaba “comprometedor para la Iglesia Católica”. El papa argentino Francisco, que asumió cuarenta y ocho horas antes del primer pedido de detención del sacerdote por parte de los fiscales Palazzani y Nebbia y a quien la prensa nacional destina diariamente múltiples elogios por su supuesto perfil renovador, no ha dicho todavía nada sobre el sacerdote ahora buscado por Interpol.
30.000 Compañeros Detenidos -Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)