Marzo será un mes clave para definir el futuro del apedreado Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El 22 de marzo es la fecha límite para que los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presenten propuestas de reforma a este sistema de justicia internacional que nació en 1948 con el fin de promover y proteger garantías fundamentales establecidas en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.Dos órganos autónomos lo conforman: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
Su principal función es fiscalizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969.
El gobierno de Ecuador dio el puntapié inicial, y además lidera un esfuerzo para crear un sistema de justicia paralelo, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que sin embargo hasta ahora no se ha concretado.
Venezuela, por su parte, denunció la Convención Americana en septiembre de 2012.
El debate se lanzó en junio de 2011 con la creación de un grupo de trabajo en el seno de la OEA. Desde entonces, se llevan a cabo foros, audiencias públicas y consultas electrónicas para estudiar distintas recomendaciones.
Se destacan las propuestas de restringir el poder de la Comisión de adoptar medidas cautelares, suprimir el análisis detenido de países con violaciones masivas y limitar las facultades de relatorías especiales, como la de Libertad de Expresión.
La Comisión tiene facultades políticas –realizar visitas específicas y emitir recomendaciones e informes– y cuasi judiciales: recibir denuncias de particulares u organizaciones, determinar si son admisibles, solicitar a los Estados medidas cautelares y elevar casos a la Corte.
Esta tiene funciones contenciosas, consultivas y de adopción de medidas provisionales. Sus fallos son definitivos e inapelables.
Las relaciones de Brasil con la Comisión se resintieron cuando esta solicitó en abril de 2011 que “suspendiera de inmediato” en forma cautelar la licencia al proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, sobre el amazónico río Xingú, para proteger la salud de las comunidades indígenas afectadas por la obra.
El gobierno de Brasil rechazó el pedido. Pero la posición brasileña fue malinterpretada, según la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que designó a uno de sus representantes para contestar a IPS, solicitando no se lo identificase.
Brasil ya estaba cumpliendo las exigencias de la Comisión a partir de demandas de órganos de fiscalización nacionales, y su apoyo a la reforma no se desencadenó por ese dictamen, manifestó la fuente diplomática.
Lo cierto es que Brasilia retiró a su embajador ante la OEA y a su candidato a integrar el órgano colegiado que dirige la Comisión. En marzo concluye el plazo para que los países presenten postulantes y, según la División de Derechos Humanos de la cancillería, hasta mediados de este mes no había una decisión al respecto.
“Las propuestas de reformas se presentan justo cuando la Comisión y la Corte están cumpliendo las obligaciones pactadas en la Convención”, criticó el activista Jair Krischke, presidente del no gubernamental Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, con sede en esta sureña ciudad de Porto Alegre, que adquirió notoriedad por haber contribuido a revelar el Plan Cóndor, una coordinación represiva de los regímenes militares de América del Sur.
Para Krischke, la postura brasileña no solo obedece a Belo Monte, sino a una sentencia de la Corte, que ordenó en 2010 entregar los restos de los desaparecidos en la represión militar a la Guerrilla de Araguaia, entre 1972 y 1975, y a reparar los daños a las familias de las víctimas.
El gobierno sostiene que ya efectuó reparaciones, pero no de los daños morales, como manda la Corte, enfatizó Krischke a IPS.
“En Uruguay (ante otra condena similar) el gobierno celebró una ceremonia en el parlamento, con presencia del presidente de la República y pidió perdón por sus desaparecidos. En Brasil, ni siquiera se publicó la sentencia de la Corte”, comparó.
La insatisfacción de los gobiernos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es incomprensible, apuntó la profesora asociada Deisy de Freitas Lima Ventura, del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo.
“Cuando un Estado soberano hace parte de un sistema regional es justamente para oír críticas y recibir recomendaciones o una condena”, dijo a IPS.
Los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela están en esta campaña porque este sistema de justicia tocó aspectos cruciales de las agendas de sus presidentes, describió la profesora.
“Cuando el Sistema Interamericano habilita a un político opositor en Venezuela a ser candidato o cuando pide que se respeten los derechos de periodistas de un periódico en conflicto con el mandatario de Ecuador, toca temas personales de los presidentes. Ese fue el caso de Belo Monte y la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff”, opinó.
La postura de Ecuador coincide con decisiones incómodas sobre cuestiones domésticas, concordó el profesor de derechos humanos Mario Melo, de la Universidad Andina Simón Bolívar y abogado en el caso del pueblo sarayaku versus el Estado ecuatoriano en la Corte.
En junio del año pasado, la Corte concluyó que el gobierno de Ecuador había violado derechos de esa comunidad indígena al no consultarla sobre la instalación de una empresa petrolera en sus tierras a inicios de la década de 2000.
“Es un tema delicado para el gobierno por su política de ampliación de la frontera petrolera en territorios indígenas”, argumentó Melo.
En los hechos, la Comisión es, desde las décadas de 1970 y 1980, un espacio para víctimas de atropellos que agotan los recursos internos sin obtener justicia o que se ven enfrentadas a demoras injustificadas de los sistemas judiciales nacionales.
Camila Asano, coordinadora de política externa de Conectas Direitos Humanos, una organización no gubernamental con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, recordó que asuntos cruciales en Brasil, como el trabajo esclavo y la violencia machista, debieron pasar por la Comisión para hacerse visibles.
Pero los procesos son lentos, y esa es una las críticas que se hacen a la justicia interamericana. A veces no hay tiempo para esperar una decisión, por eso se requieren las medidas cautelares, argumentó Asano.
Ecuador quiere liquidar esta potestad de la Comisión, dejándola solo para la Corte.
Brasil –donde la Comisión ha emitido reiteradas medidas cautelares para proteger a activistas, periodistas, trabajadores rurales y reclusos– reconoce esta competencia, pero sugirió cambios que harían su tramitación más rígida y complicada.
La propuesta brasileña, según el representante de la cancillería, es que la Comisión fundamente mejor sus decisiones sobre casos como Belo Monte y que ponga más énfasis en la promoción de derechos.
“Que no se trate solo de juzgar y castigar violaciones, sino de incentivar las medidas que eviten su repetición”, argumentó la fuente.
Otros aspectos cuestionados por los Estados son más preocupantes. Por ejemplo, si la Comisión es competente para producir informes anuales sobre países que merecen una atención especial. Delegados de naciones alegan que esos reportes no deberían señalar a uno u otro Estado, sino a todos los miembros del sistema.
El hecho de que Estados Unidos y Canadá no hayan ratificado la Convención Americana, pero ayuden a financiar la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión genera descontento.
Una de las propuestas es que las donaciones no se puedan dirigir a una u otra relatoría.
Brasil pide una gestión más transparente y que los recursos se distribuyan desde el Fondo Ordinario de la OEA, sin excluir la posibilidad de donaciones de fundaciones internacionales y bancos de fomento.
“Buena parte de las mejoras planteadas no se aplican por falta de recursos”, dijo Asano. Su organización entiende que, como potencia económica, Brasil debería dar el ejemplo e incrementar sus aportes.
Según la fuente diplomática, este país hizo su última contribución en 2008. “En 2010 la gestión de recursos salió de Itamaraty hacia el Ministerio de Planificación. Ese año solicitamos un aporte de 800.000 dólares, pero no fue aceptado por falta de presupuesto”, informó.
“En los últimos años nos ajustamos el cinturón en materia de gastos y no hubo aportes. No digo que haya sido por razones políticas, tal vez no hubo recursos”, justificó.
El profesor Melo no cree que al final de las discusiones se aprueben las reformas más radicales. “Todos saben que debilitar el Sistema Interamericano incentivaría el uso autoritario del poder”, observó.
Para Deisy de Freitas, “renunciar a esta dimensión de control, como hizo Venezuela, sería una hipoteca para las generaciones futuras. Es obvio que un sistema regional de protección no resuelve los problemas, pero en muchos casos permite arrojar luz sobre las violaciones”. (FIN/2013)