Están esperando respuesta uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos. No sólo nuestros connacionales, sino todos nuestros vecinos nos están mirando para ver qué hacemos”, resaltó el fiscal de juicio Pablo Ouviña, quien interviene en representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en el debate oral y público por los crímenes perpetrados en el marco de la Operación Cóndor, tal el nombre de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur para eliminar las fronteras en la persecución y exterminio de los disidentes políticos.
“Descubriendo lo que pasó y castigando a los responsables, estamos dando respuestas. Y las respuestas que estamos dando no son sólo para nosotros los argentinos. Son respuestas para la humanidad en general y son respuestas para las víctimas de otros países que quizás todavía sus propias naciones no les dieron una gran explicación o, por lo menos, la explicación que ellos esperaban. Esperemos que este juicio, además, permita destrabar otros juicios que se están haciendo en otros países. Es muy importante lo que se estaba haciendo en Uruguay, y lo que se está haciendo en Chile. Quizás nosotros estemos un poquito más adelantados, es mucha la cantidad de juicios que se están haciendo, pero allá también se están haciendo investigaciones y hay personas que están trabajando mucho y muy bien. Esperemos que esto sirva para que el resto de los países aboquen más medios, más esfuerzos, para poder acompañar el reclamo de todas las víctimas”, abogó Ouviña, en diálogo con Fiscales.
En el juicio, que comenzó el 5 de marzo pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de la Capital Federal está juzgando a 22 imputados, 21 de los cuales son argentinos y el restante, uruguayo. El debate se realiza por dos causas que llegaron a juicio por separado pero que comparten el objeto procesal. Una, por la Operación Cóndor; la otra, por crímenes en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que -según definió Ouviña- “era un apéndice” de aquél plan de coordinación represiva.
“La Operación Cóndor fue tratar de establecer cierto tipo de reglas entre las no reglas”, definió Ouviña. Y explicó que la coordinación de las dictaduras del Cono Sur se dio en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. En una explicación didáctica, el fiscal partió desde el punto de vista de los dictadores latinoamericanos de los ’70 para puntualizar las bases del plan ilegal internacional: “La subversión, por su forma de actuar, no tiene fronteras. Para nosotros, las fronteras clásicas son ficticias y nos generan un problema. Entonces, tenemos que enfrentar un problema nuevo, que no conocemos, con unos límites que el contrincante no adopta. Las fronteras nos complican, las fronteras nos molestan: todos tenemos el mismo problema; los chilenos piensan que lo tienen, así como los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos, los peruanos y los brasileros. Para la lucha contra la subversión, eliminamos las fronteras”.
La Operación Cóndor, reseñó el fiscal, se concretó en un principio con “la creación de un puesto en cada embajada para que sea una especie de enlace entre el país que puso a esa persona y el país residente”, lo cual también fue acompañado de “un convenio de encriptación para que la información pudiera circular”.
“En principio, la Operación Cóndor nace como una operación de inteligencia. Pero no es sólo eso. Comparten información, comparten personas, se empiezan a hacer operaciones conjuntas, se autoriza al traslado de personas, la intervención de interrogatorios ilegales por fuerzas conjuntas. Fue un intercambio de información, fue intercambio de personas, de prisioneros, no tener fronteras para nada. Lo único es que sí se pedía autorización. Tenía que haber convenios y, sobre todo, reciprocidad”, subrayó Ouviña.
El objeto del debate
El fiscal explicó que en el juicio se está juzgando la privación ilegal de la libertad de un grupo de personas y una asociación ilícita, “la unidad de designio criminal conformado por las cabezas de varios países”, precisó. El funcionario señaló que el objeto es una asociación ilícita con “características diferenciales”, dado que “se trata de un caso paradigmático de colaboración a nivel internacional”. “Se investiga la participación de personas que tenían cierto tipo de responsabilidades dentro de los propios gobiernos y que concierta cometer delitos”, completó.
En relación con los imputados, el fiscal señaló que “salvo en el caso de dos personas, no estamos en presencia de lo que se denomina ejecutores directos. Los imputados, en general, son personas que tuvieron cierto grado de autoridad diferenciada en los diversos escalafones del plan sistemático de la organización”. Ouviña añadió, en ese sentido, que el dictador Jorge Rafael Videla estaba considerado el “máximo responsable aquí, en Argentina”, pero que asimismo se está juzgando a responsables a nivel de zonas, subzonas y áreas militares. “Son los que podríamos denominar como autores de escritorio”, refirió, en relación a quienes ocupaban los cargos en cada estamento de la organización represiva ilegal. El Ejército había organizado su intervención en el país con una división en cinco zonas o cuerpos, cada una de ellas numeradas del 1 al 5, y dentro de cada una de esas zonas había subzonas, las que a su vez estaban divididas en áreas. En cada uno de esos estamentos había un jefe acompañado de planas mayores, una suerte de gabinetes de asesores en materias de personal, inteligencia, operaciones y logística.
En este marco, el fallecimiento de Videla impactó en el juicio. Ouviña explicó que las privaciones ilegítimas de la libertad de 44 víctimas de los 106 casos del total llegados al debate estaban imputados sólo al dictador. “Los hechos que sólo estaban imputados a Videla evidentemente no se le pueden imputar a otras personas; por lo menos, en este juicio”, explicó, pero rescató que “el juicio sigue con otros imputados”, aunque en relación con los casos que ayuden a establecer la existencia de hechos producidos por la asociación ilícita la investigación sigue adelante “porque la prueba tiene que producirse igual y nosotros a esos hechos los tenemos que comprobar”. “Es claro que como privaciones ilegítimas de la libertar no vamos a tener un imputado. Pero vamos a poder comprobar sus casos. Es una forma también de dar respuesta a las víctimas que quedan. A los familiares, a los conocidos y a la sociedad toda”, manifestó el fiscal.
En ese sentido, dijo que se intentará probar que aquellas víctimas -cuyos casos sólo se imputaban sólo a Videla- sufrieron el secuestro y las torturas, como la relación de esos delitos con la asociación ilícita, lo cual “va a servir de elemento para convencer a los jueces de que existió una Operación Cóndor”. “No va a ser cosa juzgada contra ningún imputado, pero sí un tribunal ya se habrá pronunciado con respecto a si el hecho existió o no existió”, destacó Ouviña.
Otra de las características salientes del juicio por la Operación Cóndor está dada por la procedencia de las víctimas, lo cual ha llevado al tribunal oral a recibir testimonios a través del sistema de videoconferencia. “Nuestra sala de audiencias es idealmente mucho más amplia. Porque la mayoría de nuestros testigos no sólo no residen en la Ciudad de Buenos Aires… Están en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Suecia, en Francia, en Inglaterra, están desperdigados por el mundo”, señaló Ouviña. “No sólo por el paso del tiempo y porque lógicamente muchas personas cambian la residencia, sino porque, cuando hablamos de Operación Cóndor y de concierto de voluntades entre países para cometer delitos, es que hay personas de muchas nacionalidades involucradas”, explicó el fiscal.
Trabajo en equipo
Ouviña también explicó cómo organiza el trabajo en relación con la dimensión del juicio. Indicó que, cuando la causa llega a debate, lo primero que hace con sus colaboradores es chequear el estado en el que fue elevada a juicio y si será necesario recoger más elementos para probar los hechos. En ese caso, solicitan la instrucción suplementaria, esto es, una serie de medidas de prueba que lleva acabo el tribunal oral, tendientes a recoger más pruebas para ventilar durante el juicio. Ouviña refirió que, por lo general, “pedimos mucha prueba” en esa instancia. En la mayoría de los casos, indicó, los debates se inician con la instrucción suplementaria concluida, pero en debates por crímenes de lesa humanidad “empieza el juicio y la investigación suplementaria se sigue produciendo porque es muy extensa”.
Explicó que, en ese contexto, la forma de trabajo es “en equipo”. “En general, el trabajo de los fiscales de juicio oral es muy personalizado, porque somos nosotros los que tenemos que ir al debate, los que hablamos, los que alegamos. Esto es imposible en este tipo de procesos. Simplemente, porque el caudal de información que hay no puede ser bien procesado por una sola persona. Entonces, tenemos que dividirnos y realizar un equipo de trabajo. El producto es el producto de todos. Nosotros tenemos muy poca gente. Pero por suerte la poca gente que tenemos es de la mejor que hay”, describió con orgullo.
Los colaborades que integran el equipo que encabeza Ouviña son la secretaria y fiscal ad hoc, Mercedes Moguilansky, y Santiago Ghiglione, Magdalena Caballero, Anabella Levy, Ianiv Garfunkel y Melisa Slatman.