La primera visita oficial del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción de la verdad, la Justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el colombiano Pablo de Greiff, culminó el viernes con la presentación de un informe preliminar* con recomendaciones y observaciones al Estado uruguayo. La versión final será elevada al Consejo de Derechos Humanos en setiembre de 2014.
El nombre de la relatoría enumera los cuatro pilares de la Justicia Transicional (JT). No es un tipo de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado. La visita de De Greiff tuvo como cometido evaluar las medidas adoptadas por Uruguay con relación a la última dictadura en cada uno de los cuatro pilares. Desde el inicio de su estadía, el 30 de setiembre, mantuvo encuentros con organizaciones vinculadas al tema así como con actores de los tres poderes, incluyendo al presidente José Mujica; los ministros de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y del Interior, Eduardo Bonomi; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
De Greiff admite que hubo avances, pero señala que Uruguay “tiene un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente” y entiende que “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones recientes de la SCJ”. Además llamó la atención sobre el hecho de que no recibió “información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas realizadas a las fuerzas de seguridad y a aquellas todavía en desarrollo, para asegurar que las violaciones pasadas no se repetirán”.
-De la lectura de su informe podría interpretarse que la Justicia es, de los cuatro, el pilar más debilitado. ¿Es correcto?
-Mi intención no era hacer un énfasis en alguno de los pilares. Desde el principio he intentado insistir en la importancia de los cuatro pilares. Cada área es asunto de derechos, no se hace en términos de favores o solidaridad con nadie. Hay experiencia internacional como para poder afirmar que las medidas funcionan mejor cuando son diseñadas e implementadas como parte de una política integral. En Uruguay se le ha prestado muchísima más atención a la vía judicial que a cualquiera de las otras tres y sería conveniente establecer un mejor balance entre las diferentes medidas. Una recomendación muy fuerte es establecer mecanismos de esclarecimiento que beneficien a un grupo muy grande de víctimas -el más grande que tiene este país-, que son las víctimas de la detención y la tortura. No se reduce a una cuestión de números, pero si se quiere entender bien el fenómeno es muy importante establecer mecanismos de esclarecimiento que tomen muy en serio y que le presten mucha más atención a estas víctimas. No es un argumento para prestarles menos atención a las víctimas de desaparición y sus familiares, es en favor de darle más atención a un grupo de víctimas que ha sido relativamente desatendido.
-Usted llamó la atención sobre las recientes decisiones de la SCJ. Cancillería anunció que el traslado de Mariana Mota será incluido en el informe para el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿También debería incluir la declaración de inconstitucionalidad de la ley que dejó sin efecto la Ley de Caducidad?
-En este momento quiero abstenerme de hacer recomendaciones a la cancillería sobre qué incluir, pero hago una observación general. El EPU funciona mejor en la medida en que los temas más sustantivos y que generan precisamente más retos, son incluidos como parte de la agenda. El sistema está diseñado como un mecanismo mediante el cual los diferentes estados pueden apoyar a otros en temas de importancia fundamental del cumplimiento de las obligaciones con respecto a derechos humanos. Por lo tanto, hacer una agenda amplia pero que seleccione muy bien los temas de discusión mejora el mecanismo.
El relator
Asumió el cargo en mayo de 2012. Desde 2001 es director de Investigaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York. Es autor de numerosos artículos sobre los procesos de transición hacia la democracia, la teoría democrática y la relación entre moralidad, política y Derecho; ejerció como docente de Filosofía en universidades de Europa y América; y realizó asesorías a gobiernos y ONG vinculados a Justicia Transicional, cuestiones de género y vínculos entre la Justicia, la seguridad y el desarrollo.
-Imaginemos un escenario en que los cuatro pilares funcionan plenamente. ¿Cómo puede operar el Estado frente al silencio de los victimarios?
-Las normas de derecho se aplican en forma igual para todos los ciudadanos. Dentro de procesos judiciales no se puede obligar a nadie a hablar o a autoincriminarse, por lo tanto hay un límite del Estado. Pero creo que un aumento en la eficacia de la capacidad investigativa del Estado aumenta la posibilidad de que se conozca la verdad acerca de hechos que conciernen a individuos que se rehúsan a hablar. Además, hay mecanismos no judiciales, incluyendo comisiones de verdad, que en algunos casos han logrado obtener información acerca de hechos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con y sin la colaboración directa de los perpetradores.
-Al tratarse de hechos recientes, es habitual que sus protagonistas se conviertan en integrantes de gobierno y, por lo tanto, en representantes del Estado. ¿Cómo juega esto teniendo en cuenta que éstos son los actores que deben diseñar las políticas que usted menciona?
-Es importante establecer una diferencia entre la participación y la membresía de grupos -aun de grupos armados en conflictos- y la responsabilidad por perpetrar serias violaciones a los derechos humanos. Es cierto que muchas transiciones negociadas se constituyen por gobiernos mixtos, es decir, que tienen participación de antiguas fuerzas en conflictos, pero eso no quiere decir que ésos sean individuos que hayan tenido participación directa en la violación de derechos humanos. La tendencia legal es que hay ciertas categorías de violaciones que no merecen la amnistía, y la imposibilidad de amnistiar ese tipo de crímenes hace difícil, por lo menos a corto plazo, la participación directa [en los gobiernos] de individuos responsables por la comisión de esas categorías de crímenes. Estos cuatro pilares no impiden en absoluto la conformación de gobiernos de unidad nacional ni la participación en la vida política de forma prospectiva de agentes que participaron en contiendas aun armadas, bajo la asunción, por supuesto, de que no son directos responsables de violaciones a los derechos humanos.
-En el caso de Uruguay, la teoría de los dos demonios es sostenida por algunos de los protagonistas de los hechos del pasado reciente que ocupan cargos de gobierno claves en la formulación de medidas de reparación, verdad, justicia y garantías de no repetición.
-Conlleva cierto peligro asumir que un conflicto armado legitima cualquier comportamiento. Aun en contextos de guerra hay normas que no se pueden violar. Uruguay no estuvo en situación de guerra. Pero la teoría de los dos demonios parece sugerir que las consecuencias de haber participado en la insurgencia, puesto que eran predecibles, no merecen atención especial, y yo creo que ése es un debate que sería saludable dar, porque aún en situación de conflicto, la tortura, por ejemplo, es ilegal.
-Mujica sostiene que el tema de la dictadura acabará “cuando se mueran todos”. Procesos como el franquismo contravienen esas palabras. ¿Cómo aborda la JT la herencia generacional?
-Tuve la ocasión de discutir esto con el presidente. Esa posición conlleva un problema y es que asume que los comportamientos no dejan rastros en las instituciones ni en los individuos que sobreviven. Para prevenir la repetición de los hechos es que se aspira a que haya cierto efecto en la transformación de convicciones individuales, sociales e institucionales acerca de lo que es aceptable y lo que no. La alternativa, que es no hacer nada o concentrar los esfuerzos sólo en un pilar, ha demostrado que no es suficiente para hacer que la gente olvide. Para la transformación de las prácticas institucionales como de los posibles traumas culturales de quienes sobreviven es muy importante tomar acciones concretas que van mucho más allá que esperar que los viejitos se mueran.
-Tuvo la oportunidad de visitar el Batallón 14. ¿Qué impresiones se lleva?
-Escuchar de las condiciones en las cuales los cuerpos fueron enterrados es una expresión bastante concreta de lo que venimos hablando. Me resultó increíblemente conmovedor.
* El informe completo se puede descargar en (link).
Lourdes Rodríguez- La Diaria